Marqués de Tamarón || Santiago de Mora Figueroa Marqués de Tamarón: septiembre 2026

lunes, 21 de septiembre de 2026

Stultorum infinitus est numerus


Artículo del periódico digital El Demócrata, 21 de Septiembre, 2026:



Albares presiona en la UE para avalar la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego

Albares reclama a los socios de la UE que levanten sus reservas y respalden la oficialidad del catalán, euskera y gallego, sin “objeción legítima” pendiente. 



El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

 Carlos Luján - Europa Press


El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado este lunes a los países socios que aún muestran dudas sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego que aparquen sus reservas, insistiendo en que en este debate no se ven afectados intereses nacionales y que no existe ninguna “objeción legítima” más allá de consideraciones de tipo partidista.

En una entrevista en “Catalunya Ràdio”, recogida por Europa Press, y en vísperas de que la petición para incorporar las tres lenguas cooficiales al reglamento lingüístico de la UE vuelva a figurar en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales, Albares ha recordado que este asunto requiere el apoyo unánime de los Veintisiete y que, por ahora, no se ha programado ni una discusión de fondo ni una votación formal.

Durante esta cita, ha indicado el ministro, “España va a dejar muy claro que somos totalmente favorables a la ampliación”, algo que ha descrito como “algo positivo” que el propio Gobierno ha promovido, pero también remarcará que “es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea si no lo están también el catalán, el euskera y el gallego”.

“Por lo tanto urgimos al resto de Estados miembros que todavía han solicitado un poco más de tiempo para conformar la unanimidad, que resuelvan este asunto lo antes posible”, ha señalado, apuntando que existe “una mayoría” dispuesta a respaldar la posición del Ejecutivo en esta materia, planteada en agosto de 2023 en el marco de los acuerdos con Junts al inicio de la legislatura.

En opinión de Albares, “no hay ningún interés nacional en juego para ellos que tengan que defender retrasando esta decisión”. Según ha criticado, “se están comportando no como líderes de gobiernos, sino como líderes de partido, y eso es una vergüenza”. En esta línea, ha advertido de que “no deberían prestarse a hacerle el juego al PP”.


Críticas al PP


En esta misma línea, el ministro ha arremetido de nuevo contra la formación de Alberto Núñez Feijóo, denunciando que si el PP no hubiera “echado el resto” para lograr que sus socios del Partido Popular Europeo (PPE) que gobiernan en otros Estados miembros bloqueen la iniciativa, “la oficialidad ya estaría”.

Albares ha sostenido que el Gobierno ha trabajado para despejar las dudas planteadas por algunos socios, recalcando que la propuesta en discusión evita que el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego pueda convertirse en precedente para otras lenguas minoritarias, y que España ya ha manifestado su disposición a asumir íntegramente el coste derivado de la medida.

Según el titular de Exteriores, “no queda ninguna objeción legítima por parte de ningún Estado de la Unión Europea para dar el paso a la unanimidad” más allá de objeciones “partidistas”, y se ha mostrado “seguro” de que el Gobierno va a “vencer”.

Interrogado sobre el horizonte temporal para lograr la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, y sobre si podría alcanzarse antes de que concluya la legislatura, Albares ha evitado concretar un calendario. “Yo trabajo para ello, desgraciadamente no le puedo certificar una fecha, pero yo trabajo para ello”, ha indicado, para concluir que “lo que sí está claro es que serán oficiales, no tengo la menor duda”.

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En un artículo de dos días antes, también en El Demócrata (19 de Septiembre, 2026) se trató del mismo asunto pero en un tono más irónico. 

Pero el resumen, como siempre, ya se les ocurrió a varios en siglos pasados. Por ejemplo al Eclesiastés, atribuible al Rey Salomón, hace alrededor de tres mil años: 


Stultorum infinitus est numerus.
                         Ecclesiastes 1.15

Y sin ir tan lejos, encontramos lo mismo siglos después en el Quijote, cuando el Bachiller cita al Eclesiastés:


—Antes es al revés, que, como de «stultorum infinitus est numerus», infinitos son los que han gustado de la tal historia; y algunos han puesto falta y dolo en la memoria del autor, pues se le olvida de contar quién fue el ladrón que hurtó el rucio a Sancho, que allí no se declara, y solo se infiere de lo escrito que se le hurtaron, y de allí a poco le vemos a caballo sobre el mesmo jumento, sin haber parecido.

El Quijote (Vol.II, Cap.III)








jueves, 3 de septiembre de 2026

Ceuta: responsabilidad de todos



en primera líneaEl marqués de Tamarón y Silvia cortés

Ceuta: responsabilidad de todos.

Es claro que el diplomático, como cualquier funcionario, no puede ir por libre. Sin embargo ese acatamiento tiene un límite: su conciencia y el interés superior de España. Cuando considere que la decisión del Ministro daña gravemente a España, puede dimitir o pedir el relevo del cargo de confianza.
02 sep. 2026 - 01:30

El 31 de julio el presidente del Gobierno calificó -con tino- la entrada en Ceuta de unos 80.000 marroquíes como una grave violación del Derecho Internacional («Lo que ha sucedido en Ceuta es un ataque a la integridad territorial de España»). Al día siguiente, el 1 de agosto, el ministro del Interior dijo lo mismo («Ceuta ha sufrido un ataque que supone una seria violación de la integridad territorial de España»). Días después dos ministros del gobierno marroquí reiteraron de forma pública las reivindicaciones de Marruecos sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla.

   El Debate (asistido por IA)


Ante un ataque a la integridad territorial de España y por tanto a su soberanía diplomáticos y militares tienen una responsabilidad esencial. La integridad territorial de España se defiende o restaura, claro está, de modo diferente: los militares con la disuasión y con la defensa; los diplomáticos con la negociación y la persuasión.

Cuando una nación sufre un ataque a su integridad territorial y por tanto a su soberanía la práctica internacional incluye medidas legítimas antes de usar la fuerza militar. Estas van desde la presentación de una nota verbal de protesta al país agresor hasta la ruptura de relaciones diplomáticas. Y entre ambas, la convocatoria al embajador del país extranjero, la llamada a consultas del embajador propio, la suspensión de visitas y reuniones oficiales, ciertas medidas de retorsión económicas, comerciales y de extranjería (retrasos en la expediciones de visados o suspensiones de estas), la declaración de persona non grata o la ruptura de relaciones diplomáticas.

Todas estas medidas y otras muchas están a disposición del Gobierno al que la Constitución atribuye la dirección de la política exterior. Y dentro del gobierno el ministro de Asuntos Exteriores planea, decide y ejecuta la política exterior basándose en los consejos de los funcionarios del Ministerio.

Este mandato constitucional no exime al diplomático de su deber moral y legal de asesorar con rigor y sin temor a las consecuencias personales, pensando tan solo en el interés de España. Ante una vulneración de nuestras fronteras los diplomáticos (embajadores, directores y subdirectores generales y asesores) tienen la obligación legal de diseñar propuestas rigurosas y poner sobre la mesa del ministro todos los recursos disponibles en la práctica internacional para restaurar y proteger la dignidad de España.

Una vez que el diplomático ha cumplido con su obligación de proponer medidas posibles y la mejor línea de acción, el ministro puede tomar otra decisión desestimando las propuestas. Y el diplomático debe acatar la orden superior y cumplirla. Es claro que el diplomático, como cualquier funcionario, no puede ir por libre. Sin embargo ese acatamiento tiene un límite: su conciencia y el interés superior de España. Cuando considere que la decisión del Ministro daña gravemente a España, puede dimitir o pedir el relevo del cargo de confianza. Ello no es un acto de deslealtad; al contrario. Al retirarse, el diplomático preserva la autoridad del Gobierno para aplicar su política, pero evita convertirse en ejecutor de una línea de acción (o inacción) que juzga lesiva para la nación. La verdadera lealtad al Estado consiste en proponer con valentía, acatar con disciplina y, si la decencia lo exige, irse a tiempo.

O sea emular al duque de Ahumada cuando le dijo a Narváez «esa orden la adoptará mi sucesor». No sea que a las duras nos digan como a Boabdil: «llora como mujer lo que no has sabido defender como hombre».


  • El marqués de Tamarón es embajador de España y Silvia Cortés ha sido embajadora en Albania y Ucrania y ambos pidieron el relevo en sus puestos.
 


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